1/1/2017 - 31/12/2018
El proyecto se propone reconocer, desde el campo de la comunicación, la existencia de una política de Estado en materia de lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y el crimen organizado transnacional a partir de la sanción de normas adecuadas a las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En tal sentido, la investigación apuntará a evaluar el grado de consolidación de dicha política, en el contexto de una nueva gestión de gobierno, inaugurada el 10 de diciembre de 2015, a cargo de Mauricio Macri. Para ello, se tendrán en cuenta las diversas estrategias y decisiones que la nueva administración lleve adelante, las cuales serán evaluadas en relación a lo realizado en la materia por la anterior gestión de gobierno en el período 2010-2015. Cabe recordar que durante este período el gobierno argentino concentró sus esfuerzos en lograr el reconocimiento del GAFI, al cumplir con las recomendaciones mencionadas y salir de la denominada lista gris en la cual se hallaba el país. En virtud de tales objetivos, el actual proyecto se propone continuar una línea de investigación iniciada por el equipo de trabajo en 2013. De esta manera, la nueva propuesta de investigación cuenta con un corpus de conocimiento propio en la materia, a partir del cual se propone profundizar dicho saber e ir hacia el análisis y determinación de lo que, según se considera, debiera ser la coronación del proceso que viene constituyendo el objeto de investigación: el establecimiento de una política de Estado en materia de lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. A su vez, el proyecto propone producir nuevos conocimientos y parámetros para profesionales que lideran la comunicación en organizaciones y para la labor de docentes, investigadores y alumnos. Para ello, se prevé sistematizar el caso de estudio, partiendo de la adecuación jurídica, el reconocimiento del GAFI a la nueva situación del sistema aplicado a las personas políticamente expuestas, la formulación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las sanciones judiciales implementadas.