1/1/2019 - 31/12/2022
El proyecto se propone analizar, desde una mirada comunicacional, si la aplicación de Ley 26.737/11, que estableció el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y limitó su adquisición por parte de extranjeros, ha permitido avanzar en Argentina con la implementación de una Política de Estado en la materia y, en ese marco, cuál ha sido el impacto en términos de desarrollo. Dicho análisis se centrará en el período correspondiente al tránsito de la gestión de gobierno 2011/2015 a la gestión de gobierno 2015/2019. Para ello, se evaluarán las decisiones adoptadas por la actual administración (2015-2019) en relación a la materia, desde la promulgación de la ley el 27 de diciembre de 2011, contemplando la relevancia del tema a nivel nacional e internacional.Cada una de las administraciones reglamentó la citada norma. La investigación se direccionará a establecer el desempeño del Estado nacional, las provincias y los actores del sector privado involucrado, y a reconocer la situación preexistente a la aplicación de la normativa. Este escenario será abordado desde una perspectiva comunicacional, mientras que el análisis se focalizará en la evaluación de las estrategias comunicacionales desplegadas por el gobierno nacional desde el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Este Consejo está presidido por el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y conformado por el Mrio. de Agroindustria, por la Sec. de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jef. de Gabinete de Mtros, por el Mrio de Defensa y el del Interior, por representantes de las provincias.El proyecto cuenta con un corpus de conocimiento propio en la materia, a partir del cual se propone profundizar dicho saber. A su vez, el proyecto propone producir nuevos conocimientos y parámetros para profesionales que lideran la comunicación en organizaciones y para la labor de docentes, investigadores y alumnos. Para ello, se prevé sistematizar el caso de estudio, partiendo del establecimiento del sistema de equivalencias, productividad/valor de la tierra, la adecuación jurídica realizada por cada gobierno y los resultados de este proceso, a la luz de la recopilación de información producida y publicada entre los años 2011/2017.